Relaciones con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los órganos garantes de la transparencia de otras Comunidades Autónomas

Relaciones con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los órganos garantes de la transparencia de otras Comunidades Autónomas

Las dos reuniones mantenidas con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de ámbito estatal y responsables de esta competencia de las diferentes comunidades autónomas han tenido por objeto el sentar las bases de mecanismos de colaboración para que sea posible en España un sistema homogéneo y coherente,  tanto de evaluación de la publicidad activa de los sujetos sometidos a ella como en la concreción de criterios interpretativos del derecho de acceso a la información.

El 20 de octubre de 2015 se mantuvo una primera reunión con la presidenta  y directivos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los directores generales de Transparencia o equivalentes de los gobiernos autonómicos; y en ella se conoció un proyecto metodológico de evaluación de la publicidad activa realizado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

En dicho encuentro el Comisionado de la Transparencia de Canarias anunció su compromiso de adaptar ese metodología a las concretas condiciones y requisitos de la Ley 12/2014, de transparencia y de acceso a la información pública, manteniendo un formato que permitiese evaluar a un tiempo tanto la ley estatal como todas las autonómicas y facilitar un método común de trabajo.

La incipiente y lenta carga de los portales de transparencia, condicionada además por los recortes de recursos económicos y personales en la mayoría de las administraciones, nos indujo en Canarias a adoptar un modelo de evaluación notablemente simplificado que, a un tiempo, fuera una guía de obligaciones de publicación de contenidos para las administraciones canarias. Entendíamos que –en términos relativos-  durante  el primer año de vigencia de los portales ya podía considerarse como todo un éxito la simple y mera incorporación de los contenidos fijados por las normas, mucho más precisos, detallados y amplios en las leyes  autonómicas.

El 16 de febrero de 2016 el comisionado de Transparencia de Canarias  mantuvo un segundo encuentro con el pleno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y con los comisionados, presidentes o responsables de las instituciones de garantía del derecho de acceso y la transparencia constituidas en las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta primera reunión con los representantes de los organismos que, con funciones similares responde a lo establecido en la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, artículo 36,  que obliga que al menos una vez al año serán convocados por representantes de los órganos creados por las comunidades autónomas.

En este encuentro la presidenta del Consejo mostró su plena disposición a colaborar y compartir experiencias y medios comunes con los órganos garantes de la transparencia en las comunidades autónomas; actitud que todos los representantes autonómicos valoraron muy positivamente, ya que en todos los casos cuentan con menos experiencia y con menos medios.

Después de que el 10 de diciembre pasado concluyera el plazo legal para que todas las administraciones públicas españolas tuvieran activado su portal de transparencia, se debatió sobre los procedimientos de evaluación de la transparencia, ya que este será uno de las prioridades a desarrollar en 2016. La presidenta del Consejo informó sobre los trabajos citados con la Agencia Estatal  de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

Como quiera que las administraciones están obligadas a cumplir tanto la Ley de Transparencia estatal (de carácter básico) como las leyes autonómicas más avanzadas en requisitos (en aquellas comunidades que la hayan aprobado), el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, planteó la necesidad de una metodología y ficha de evaluación que permitiera medir, en una acción conjunta, toda la normativa de transparencia, de forma que no se creen diecisiete reinos de taifas y se redupliquen los esfuerzos de las entidades públicas para cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas en esta materia; especialmente gravosos sobre todo para ayuntamientos medianos y pequeños.

El Comisionado canario trasladó al Consejo una serie de propuestas concretas de modificación que aumenten la eficiencia de la medición del cumplimiento de las obligaciones estatales y autonómicas, con el propósito de que se logre un sistema de evaluación de la transparencia consensuado y compartido por todos. Y, en este sentido, anunció que compartiría a través del Consejo el sistema de evaluación desarrollado en Canarias.

Igualmente, propuso al Consejo de Transparencia que concierte un acuerdo o convenio con Google España para identificar las mayores y más importantes demandas de información pública que los españoles expresan cada vez que buscan en Internet. Porque, indicó  "Google es, sin duda, la instancia que más y mejor conoce las aspiraciones de acceso a la información públicas de los ciudadanos".

Unos días más tarde, el 22 de febrero de 2016, en la reunión con las Comunidades Autónomas celebrada en la sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se presentó por parte del representante de este Comisionado las fichas en formato electrónico (archivos Excel) que se utilizarán para la evaluación de la transparencia en el informe del ejercicio 2015 en Canarias. Dichas fichas, que fueron valoradas positivamente por los presentes en dicha reunión, se pusieron a disposición de todos los asistentes para su utilización sin limitación alguna.

Teniendo en cuenta que las obligaciones de información que evalúan las citadas fichas son las de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y que esta ley engloba todos los requerimientos de información que exige la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es por lo que, en aras a la colaboración interadministrativa y para evitar las indeseadas duplicidades, este Comisionado  remitió escrito con fecha 4 de marzo de 2016 a la Presidenta del Consejo, en el que se indicaba que pondrá a disposición del Consejo los datos recopilados en las mencionadas fichas, a los efectos de que dispongan de la información estadística suficiente sobre las administraciones canarias.

El sistema que ha implantado Canarias para la evaluación de 2015, tiene la ventaja de que no solo permite comprobar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información Pública, sino que además posibilita comprobar las obligaciones derivadas de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

Se han seguido manteniendo contactos telefónicos sobre este tema y a mediados del mes de abril está convocada una nueva reunión para comprobar los avances que sobre el sistema y contenido de la evaluación se han producido en los diferentes responsables.

En todo caso, el objetivo es contar con un sistema de evaluación por el órgano garante y la sociedad, que partiendo de la normativa básica estatal permita acumular el resto de las obligaciones regionales, insulares y municipales y que evite la duplicidad de evaluación.

Respecto a las relaciones con los órganos garantes de otras Comunidades Autónomas se han mantenido en el seno de las reuniones aquí comentadas y por contactos telefónicos dirigidos a contrastar problemas comunes de esta primera fase de implantación. En este informe se plasma que la actividad se centra en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública  y el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Por otra parte, es obvio que se está todavía en una fase de implantación de los órganos que se han creado para esta función en las propias leyes de transparencia respectivas y a medida que avance su desarrollo se generarán relaciones más organizadas y fructíferas.